Servicios públicos

      El nuevo sistema político instaurado a mediados de los setenta trajo consigo un lógico cambio en la forma de pensar y ver el mundo en la mayoría de las personas de este país. Parecía que, a pesar de las dos Españas aún a flor de piel, las ideas que iban a regir aquí eran las mismas que rezan en el lema de la Revolución Francesa. Hubo sacrificios y condescendencia por parte de casi todos, pero aún hoy no se ha reconocido la generosidad casi dadivosa de una izquierda que, olvidándose de demasiadas cosas, optó por el borrón y cuenta nueva, sin revancha ni deseos de pasar factura.

       Todo era muy frágil, todo a punto de derrumbarse. Cada bomba de ETA suponía un paso atrás en las legítimas aspiraciones de la izquierda, una excusa más para esos militares tan ávidos de calle, un brutal zarandeo a ese andamio inestable que se estaba levantando, con los malabaristas Juan Carlos y Adolfo a la cabeza. Parece que en aquel momento pedir que se rehabilitara a los que durante cuarenta años habían sido hijos de Lucifer debía quedar relegado a un segundo plano, pospuesto sine die. Han pasado otros cuarenta años y ese olvido consciente y al mismo tiempo imperdonable ya no tiene solución.

      En este panorama floreció la idea de la que debemos estar más orgullosos en este país: el establecimiento de la Educación, la Justicia y la Sanidad universales y gratuitas. Éste no es un tema baladí, sino, por el contrario, el meollo del asunto: las ideas que lo cimientan son el altruismo, la generosidad y el deseo de dar oportunidades reales a todos los españoles, cuando veníamos de todo lo contrario. Creímos que estábamos haciendo algo grande, y así era, y en este aspecto nos sentíamos superiores a Estados Unidos, país donde la enseñanza pública está desprestigiada, te mueres en la calle sin no pagas un seguro privado e ir a juicio te supone la ruina si optas por un abogado medio decente. No aquí. A pesar de sus muchas deficiencias, tenemos una red de colegios, institutos y hospitales públicos de mucha mayor calidad que sus equivalentes privados o concertados, maestros y médicos abnegados que ofrecen lo mejor de sí mismos a un sistema al alcance de cualquiera. Hay de todo, claro. Cómo esperar lo contrario si somos personas, no máquinas, y a cada uno los han hecho su padre y su madre. Pero la idea que subyace, el sentimiento que cualquier español tiene es que, viva donde viva, va a tener a su disposición los servicios públicos básicos: si padece una enfermedad grave, habrá un hospital cualificado que lo atienda, si quiere ir a la universidad, cerca tendrá una, y becas para poder seguir formándose hasta donde su capacidad intelectual o sus ganas le permitan. Podemos hacer esto extensivo a los demás servicios públicos: medios de transporte, de comunicación, de suministro, de limpieza… Evidentemente, si nos comparamos con los países escandinavos estamos en franca inferioridad, explicable porque ellos llevan más tiempo haciendo las cosas bien y pagan muchos más impuestos.

      Ahora es la derecha y el neoliberalismo lo que impera. Las ideas perniciosas y egoístas que antes intentaban tímidamente inculcarnos se exponen en estos tiempos con el mayor descaro, con la impunidad más absoluta. Nos quieren hacer creer que esta red de servicios públicos de la que tan orgullosos debemos sentirnos es mala idea, que lo mejor es que cada uno elija y pague unos buenos hospitales y colegios, que vayamos en taxi, supongo. Y lo están consiguiendo. Su filosofía se resume en una sola frase: “¿Por qué voy a pagar yo un servicio que va a disfrutar uno que paga menos o no paga?” Para acabar con los servicios públicos aducen motivos económicos. La crisis creada más o menos deliberadamente por el capital les está viniendo como anillo al dedo. “No tenemos dinero para pagar tanto despilfarro, tanto hospital, tanto colegio, tanta pequeña universidad, ergo, cerrémoslos y que sea la iniciativa privada la que ofrezca esos servicios”. Me pregunto entonces por qué Aznar vendió Telefónica, compañía de la que todos éramos propietarios, a sus amigos cuando se preveía una universalización del uso del móvil e Internet y, por tanto, pingües beneficios para la compañía. ¿De verdad pensamos que era un lastre para el país? Y los que basan sus postulados en razones económicas son los mismos que no sólo no luchan contra el fraude fiscal, sino que han aprobado una amnistía vergonzante, los mismos que están depauperando España, los que apuestan por y utilizan paraísos fiscales, los que exprimen el Estado en beneficio de quien los tiene comprados.

      Como copropietario que soy de cada una de las empresas públicas de España, cuyo mantenimiento pago con mis impuestos, exijo que se me pregunte cada vez que se quiera privatizar algo que es mío en parte alícuota. Si es tan fácil como parece cambiar la Constitución, deberíamos exigir que se incluyera una nueva ley que prohibiera privatizar empresas sin referéndum previo.

      Por mi parte, yo quiero seguir pagando los servicios públicos, para mí o para quien los necesite. Nunca he cobrado el paro y espero no cobrarlo (todo se andará), pero deseo seguir pagando para aquel que tiene menos suerte, porque si no es para defender y ser defendido, ayudar y ser ayudado, proteger y ser protegido, ¿para qué quiero pertenecer a una comunidad, por qué voy a querer seguir siendo español?

Fernando Rivero